Los días 13 y 14 de marzo de 1996, se celebró la Conferencia Regional sobre Migración en Puebla, México, con la participación de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. En el marco de un diálogo útil y productivo, los gobiernos participantes emitieron el siguiente comunicado conjunto.
Los gobiernos reconocieron que los orígenes, manifestaciones y efectos de la migración incluyendo refugiados, son temas importantes en la agenda de la comunidad internacional. En términos generales la migración es un fenómeno benéfico con ventajas potenciales tanto para los países de origen como para los países de destino; sin embargo, y para que estos beneficios se concreten, es esencial que la migración sea ordenada. La migración es un complejo fenómeno histórico. Grandes flujos migratorios han crecido en los años recientes como resultado, en parte, de las asimetrías entre las economías y los mercados laborales, así como de factores políticos y sociales, desastres naturales, degradación ecológica, rápido crecimiento de población, barreras al comercio y la inversión y conflictos civiles. Al respecto, los gobiernos destacaron la necesidad de cooperar recíprocamente para promover el crecimiento económico y el empleo, con el fin de reducir los niveles de pobreza.
Asimismo, los gobiernos reconocieron la existencia de diferencias entre las percepciones que existen en cada país sobre las causas, dimensiones y consecuencias de la migración. Estuvieron de acuerdo en que un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre los orígenes, manifestaciones y efectos de la migración en la región, contribuiría al mejor entendimiento del fenómeno, coadyuvaría a contrarrestar las actitudes anti-inmigrantes y fortalecería las relaciones entre los Estados participantes.
Por otra parte, reconocieron la necesidad de promover la cooperación regional dirigida a atenuar aquellos factores estructurales que motivan la migración en la región, sin perjuicio de los programas de cooperación bilateral.
Los gobiernos reconocieron el derecho soberano e interés legítimo de cada país para salvaguardar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias, observando siempre un estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes, tal como se definen en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos de 1948, y otros instrumentos internacionales pertinentes, independientemente de su nacionalidad, raza, edad, religión, sexo o condición migratoria.
Los gobiernos participantes acuerdan:
1. Impulsar el desarrollo y la adopción de un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre el fenómeno migratorio, que atienda de manera efectiva tanto a sus causas como a sus manifestaciones.
2. Promover una mejor comprensión del fenómeno migratorio regional e internacional a través de estudios especializados que permitan identificar y coadyuven a la instrumentación de medidas tendientes a resolver la problemática que lo origina y que se deriva del mismo.
3. Promover el desarrollo económico y social de la región mediante el fomento al comercio y a las inversiones productivas, así como la instrumentación de políticas económicas y sociales como elementos que, a la par de la cooperación internacional, puedan contribuir a la atención de algunas de las causas de la migración.
4. Reconocer que la migración puede hacer una contribución económica y cultural positiva tanto a los países de origen como de destino.
5. Condenar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y otros, independientemente de su condición migratoria, y luchar por la eliminación de dichas violaciones. Se prestará particular atención a las necesidades especiales de mujeres y niños, incluyendo su protección cuando sea apropiado.
6. Impulsar la conciencia pública sobre los derechos humanos de los migrantes como medio para promover el respeto a su dignidad y para contrarrestar actitudes anti-inmigrantes y erradicar actos ilegales dirigidos contra los mismos.
7. Promover la cooperación regional y otras formas de cooperación para establecer programas que permitan cubrir las necesidades básicas de las poblaciones de migrantes indocumentados que se encuentran en custodia de autoridades migratorias en cada uno de los países, en tanto se define su situación migratoria.
8. Reconocer y alentar la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que desarrollan programas de asistencia en favor de los migrantes, los que complementan los esfuerzos gubernamentales en la materia.
9. Alentar a los Estados de la región, y en particular aquellos con fronteras comunes, a promover mecanismos de consulta sobre asuntos migratorios y de protección de los derechos humanos de los migrantes, en los que participen las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, funcionarios encargados de la aplicación de la ley, y representantes consulares y diplomáticos de los países.
10. Promover en los foros apropiados el intercambio de información y experiencias en asuntos laborales de la migración.
11. Considerar y alentar cuando sea apropiado consultas previas a la adopción de medidas migratorias que afecten a los países de la región, especialmente a los Estados que comparten fronteras, con pleno respeto a la soberanía nacional de cada país.
12. Establecer un intercambio de legislaciones y procedimientos migratorios como recursos para el uso de los países de la región en el análisis, revisión y mejoramiento de leyes y procedimientos migratorios.
13. Afirmar la importancia de tomar medidas para facilitar la migración documentada.
14. Con pleno respeto a la soberanía nacional y jurisdicción territorial de cada país, y en el marco de los arreglos jurídicos establecidos con otros Estados, coordinar esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes. Con ese fin, los gobiernos se comprometen al intercambio de información oportuna de manera que brinde a los países de la región la posibilidad de adoptar acciones apropiadas para combatir las redes y conexiones de traficantes de migrantes; e intercambiar datos adicionales para la prevención y detección de estas organizaciones delictivas.
15. Promover el establecimiento en las legislaciones nacionales, de los Estados que no la tienen, la tipificación penal de la actividad de traficar con migrantes, con el fin de contribuir a la erradicación de las organizaciones de traficantes que operan en la región.
16. Promover una mejor comprensión para concientizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del tráfico de migrantes, condenando la degradación humana, los ultrajes y los abusos asociados a esta actividad, mediante programas de información pública como un medio, entre otros, de contribuir a la identificación e instrumentación de medidas dirigidas a reducir y resolver los problemas que emanan de él.
17. Ampliar la cooperación regional en materia de asistencia técnica y capacitación para perfeccionar los sistemas nacionales de investigación, manejo de pruebas y enjuiciamiento de los traficantes de migrantes.
18. Fomentar el intercambio de experiencias sobre el fenómeno migratorio en los foros multilaterales adecuados y, cuando sea apropiado, impulsar las consultas con los organismos internacionales pertinentes.
19. Celebrar consultas periódicas entre los países de la región con el fin de impulsar la cooperación respecto a temas específicos relacionados con la migración. En este sentido, entre otros, propiciar reuniones de Directores de Migración, tomando como experiencia la labor realizada por la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), así como otras instancias regionales de coordinación.
20. Promover el intercambio de información y la cooperación regional orientada a la asistencia técnica y capacitación de recursos humanos, para controlar los flujos de migrantes indocumentados extrarregionales.
21. Impulsar mecanismos más eficaces para luchar contra la falsificación y adulteración de documentos migratorios.
Los gobiernos manifestaron su beneplácito por el espíritu positivo y de cooperación que caracterizó los debates. Asimismo, las delegaciones participantes agradecieron al gobierno de México la organización de la Conferencia y reconocieron la necesidad de continuar el diálogo constructivo respecto a este importante tema, con el fin de fortalecer la cooperación regional sobre el fenómeno migratorio. En este sentido, los gobiernos decidieron realizar un encuentro a nivel técnico en México, en el tercer trimestre del presente año, con el propósito de dar seguimiento y concretar los acuerdos alcanzados en esta Conferencia. Asimismo, decidieron celebrar otro encuentro, a nivel político, durante los primeros meses de 1997 en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, para el cual se considerará la posibilidad de invitar como observadores, a algunos países de Sudamérica. El gobierno de Panamá, para esos efectos, solicitará el apoyo logístico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Puebla, 14 de marzo de 1996.