B-098

En relación con las disposiciones de la ley migratoria estadounidense que entrarán en vigor el 1o de abril de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa:

La reforma a la ley migratoria estadounidense que firmó el Presidente William Clinton el 30 de septiembre de 1996, contiene un calendario específico para la entrada en vigor de cada una de sus disposiciones. Por tanto, si bien algunos preceptos comenzaron a instrumentarse el mismo día de la promulgación de la ley, otros fueron aplicados en fechas subsiguientes, en tanto que el 1o de abril entrarán en vigor la mayoría de las disposiciones relativas a los procedimientos de inspección, detención, remoción y deportación de extranjeros deportables o inadmisibles.

El 1o de octubre de 1996, al día siguiente de que la reforma migratoria fue firmada por el Presidente de Estados Unidos, el Gobierno de México expresó mediante una nota diplomática su preocupación sobre los efectos que distintos aspectos de la ley de referencia podían tener sobre los nacionales mexicanos en aquel país. Se hizo mención específica de que tales disposiciones no contribuyen a la comprensión cabal del fenómeno migratorio ni estimulan el trato digno de los migrantes, y se instó al gobierno de Estados Unidos a tomar en cuenta las preocupaciones que expresó el Gobierno mexicano con miras a la instrumentación de las medidas contenidas en la nueva legislación.

Durante los últimos meses, las autoridades estadounidenses han estado trabajando en la redacción de la reglamentación necesaria para instrumentar las disposiciones que entrarán en vigor el 1o de abril. De hecho, el 3 de enero de 1997 el gobierno estadounidense dio a conocer una primera versión de la reglamentación, de manera que conforme a la legislación pertinente, los actores interesados en el tema migratorio pudieran presentar sus comentarios antes de que se publique la versión final.

En este contexto, funcionarios mexicanos de alto nivel han sostenido conversaciones con sus contrapartes del Departamento de Estado y del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), en las que han reafirmado, en el marco de la instrumentación de la nueva ley, la responsabilidad irrenunciable del gobierno de México de brindar protección a sus nacionales en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria.

En particular, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría Treviño, hizo llegar a la Comisionada del SIN las observaciones del Gobierno de México, sección por sección de la ley, reiterando nuestro compromiso con el marco jurídico y político que conforman las diversas convenciones, acuerdos y compromisos bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos en materia migratoria y de protección consular, en particular la Convención México-Estados Unidos de Relaciones Consulares y el Memorandum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México y Estados Unidos, firmado el 7 de mayo de 1996.

En ese sentido, el Gobierno de México reiteró al gobierno de Estados Unidos la necesidad de que la instrumentación de la ley migratoria se realice con pleno respeto a los derechos de los migrantes, particularmente el de comunicarse en todo momento con su representante consular. Además, tomando en cuenta el margen de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo estadounidense para interpretar dicha ley, el Secretario de Relaciones Exteriores puntualizó la necesidad de que esa interpretación se ajuste a los principios convenidos entre ambos gobiernos, y en especial a los relativos a la no discriminación de nacionales mexicanos y el respeto a la unidad familiar.

Por otra parte, considerando que los Mecanismos de Consulta sobre Funciones del SIN y Protección Consular, establecidos por ambos gobiernos en 1996 con el objeto de fortalecer la protección de los derechos de los migrantes y la salvaguarda de su dignidad, conforman foros para atender en forma inmediata y en cada localidad cuestiones de procedimiento y aplicación de las leyes, el gobierno de México ha incluido en su agenda, el tema relativo a la instrumentación de la nueva ley migratoria y su reglamentación. De hecho, los representantes consulares de México en Estados Unidos se han mantenido en estrecha comunicación con las autoridades del SIN y de la Patrulla Fronteriza, con el propósito de resolver dudas sobre la aplicación de la ley y generar las condiciones que permitan responder oportuna y eficazmente ante situaciones en las que nacionales mexicanos requieran de asistencia y protección consular.

Independientemente de las acciones llevadas a cabo en el contexto del diálogo bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instrumentado diversos programas para proporcionar una mejor protección consular a nuestros nacionales en Estados Unidos ante este nuevo marco legislativo. Sobresalen los siguientes:

Desde 1996 se realiza un programa de capacitación permanente del personal consular encargado de la protección y defensa de la dignidad y los derechos de los migrantes mexicanos. Esta capacitación está específicamente dirigida al conocimiento del contenido de la reforma al marco jurídico estadounidense en materia migratoria, su impacto sobre los inmigrantes mexicanos y los recursos legales y administrativos que ofrece el sistema judicial estadounidense para hacer valer los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Adicionalmente, los consulados de México en ese país han desarrollado una red de comunicaciones y coordinación con organizaciones no-gubernamentales dedicadas a la defensa de los migrantes, a fin de sumar esfuerzos y concertar acciones para su protección.

La red consular mexicana incrementó el cuerpo de abogados consultores, que son profesionistas comprometidos con la defensa de los migrantes y que dedican sus conocimientos y experiencia a la protección de sus derechos.

Durante 1997 todos estos programas están siendo reforzados y se dará inicio a otros, entre los que destaca un programa de asistencia jurídica con alcance en todo el territorio de Estados Unidos. Estos programas se instrumentan previendo que la aplicación de la nueva ley migratoria de Estados Unidos y de otras leyes como la de bienestar social, requerirán de una acción consular cada vez más dinámica, imaginativa y decidida por parte de la Cancillería y, particularmente, por parte de los cónsules de México.

El Gobierno de México está consciente de que las autoridades migratorias estadounidenses tienen el mandato de instrumentar cabalmente la nueva ley migratoria. No obstante, el gobierno de México no admitirá que en su aplicación se vulneren la dignidad y los derechos humanos y laborales de sus nacionales.

Igualmente, el gobierno de México ha sostenido que el diálogo que mantiene con su contraparte en relación con todos los aspectos del fenómeno migratorio debe partir del reconocimiento bilateral sobre la necesidad de adoptar un enfoque integral, objetivo y de largo plazo que atienda tanto a sus manifestaciones como a sus causas estructurales. Ese es precisamente el propósito que persigue el Estudio Binacional sobre Migración, cuyos resultados serán dados a conocer en junio de 1997 y a partir del cual el Gobierno de México espera la adopción de políticas migratorias consistentes con las causas estructurales y múltiples manifestaciones de la migración entre México y Estados Unidos.