Los Organismos no Gubernamentales, investigadores y estudiosos interesados en el fenómeno migratorio que suscribimos el presente documento, preocupados por la situación de los migrantes en general y de los trabajadores migratorios y sus familias en particular, manifestamos a los responsables de las políticas migratorias de los gobiernos de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, lo siguiente:

Considerando que:

1. En los últimos años el incremento acelerado de la migración tanto en el interior como hacia el exterior de los países de la región, ha provocado la inclusión del tema en las agendas bilaterales y multilaterales de los gobiernos;

2. El crecimiento del fenómeno migratorio se relaciona directamente con el modelo político-económico vigente, mismo que ha ampliado la brecha entre países ricos y pobres, ha agudizado la pobreza de millones de seres humanos, acrecentando la inestabilidad e inseguridad de nuestras comunidades, y en general ha despertado tensiones sociales de diverso tipo;

3. La respuesta de los países receptores ha sido el endurecimiento de sus políticas migratorias y de sus mecanismos de control, en particular hacia la población indocumentada, aplicando criterios de seguridad nacional y dándoles una connotación de criminalidad al fenómeno migratorio;

4. Actualmente la emigración se ve alentada no sólo por factores económicos relacionados con el ingreso y los niveles de vida, sino además por otros factores de carácter político (represión), demográfico (población joven), social (desintegración familiar) y tecnológico (desplazamiento de la mano de obra no especializada en las nuevas tecnologías), presentándose en consecuencia el fenómeno migratorio en regiones cada vez más remotas dentro de nuestros países influyendo sobre la vida de personas, de familias y de comunidades que paulatinamente se entrelazan con los procesos migratorios globales;

5. Los países de Centroamérica, del Caribe y México registran un crecimiento de su reserva de migrantes potenciales a causa del desempleo, el subempleo y los bajos salarios, al mismo tiempo que los Estados Unidos, Canadá, México y otros países de la región van endureciendo sus políticas de inmigración y de control fronterizo;

6. La emigración indocumentada de mexicanos, centroamericanos, caribeños y de otras latitudes que se dirigen hacia los Estados Unidos, cada día se da en condiciones más adversas y con riesgo para su integridad personal;

7. Todo ello se traduce en graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes, particularmente de los núcleos familiares, mujeres, niños y otros grupos discriminados como los indígenas. Esta situación se produce por la impunidad con la que actúan los agentes de la autoridad, tanto de países de origen, de tránsito o de destino;

8. Los organismos de la sociedad civil ven con profunda preocupación que la formulación de políticas migratorias y el establecimiento de acuerdo de coordinación interregional se restrinja al ámbito gubernamental, sin ninguna participación de los sectores sociales involucrados en el fenómeno mismo o en la protección y asistencia de migrantes;

En Consecuencia:

Los Organismos no Gubernamentales, investigadores y estudiosos que suscribimos el presente documento, resolvemos por unanimidad dirigirnos a los responsables de las políticas de migración reunidos en Puebla para:

1. Invitarlos a abordar el fenómeno migratorio de manera integral, atendiendo sus aspectos sociales, políticos, demográficos y tecnológicos, así como sus efectos en el corto, mediano y largo plazo;

2. Que reconozcan que en las condiciones actuales todo endurecimiento de las políticas de control migratorio es en esencia un castigo a la pobreza de quienes carecen de lo indispensable. En consecuencia, tales políticas restrictivas del movimiento de trabajadores migratorios y sus familias deben de equilibrarse con la oferta de oportunidades en los lugares de origen de los migrantes;

3. Que en los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, firmen, ratifique, instrumenten y difundan la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias; la Declaración Universal e los Derechos Humanos; la Convención Internacional Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional Sobre los Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño;

4. Que en el ejercicio pleno de su soberanía y de manera independiente, los gobiernos de la región formulen y apliquen sus políticas migratorias, estableciendo las debidas coordinaciones en el marco del derecho internacional, sin aceptar injerencias ni presiones de ningún otro Estado;

5. Instar a que en la persecución del delito relacionado con el tráfico de personas y las prácticas de corrupción ligadas al mismo, se evite victimizar al migrante y se le garantice a éste sus derechos;

6. Por la naturaleza e implicaciones de la migración, los gobiernos, a fin de darle legitimidad a su política migratoria, deben consultar a los distintos actores de la sociedad civil;

7. Que se erradiquen las prácticas violatorias de los derechos humanos así como la impunidad de los agentes responsables, que las políticas migratorias se apliquen con criterios humanitarios, y que cese el hostigamiento y persecución a personas y organismos no gubernamentales que presten asistencia, protección y defensa de los migrantes, y finalmente;

8. Instar a los gobiernos a que faciliten, coadyuven y estimulen el trabajo de defensa de los derechos humanos de los migrantes y de sus familias, particularmente el que llevan a cabo los Organismos no Gubernamentales nacionales e internacionales y los medios masivos de comunicación;

Por todo lo anterior, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (México, D.F.); Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (México, D.F.); Comité Diocesano de Ayuda a Inmigrantes Fronterizos (Motozintla, Chis.); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (México, D.F.); American Immigration Lawyers Association (Washington, D.C.); Sin Fronteras, I.A.P. (México, D.F.); Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (Washington, D.C.); Servicio Jesuita a Refugiados (México, D.F.); Centro de Investigación de la Universidad Intercontinental (México, D.F.); Healrtland Alliance (Chicago, Ill.); Coalición de Derechos Fronterizos del AFSC (El Paso, Tx.); Casa YMCA del Menor Migrante (Ciudad Juárez, Chih.); Centro de Información y Estudios Migratorios CIEM (Ciudad Juárez, Chih.); Centro de Coordinación de Proyectos Ecuménicos CECOPE (México, D.F.); Centro de Información y Estudios Migratorios (Tijuana, B.C.); Tiempo Visual, A.C. (México, D.F.); Centro de Información y Estudios Migratorios (Zacatecas, Zac.); Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (Reynosa, Tamps.); El Albergue Juvenil del Desierto para Menores Migrantes (Mexicali, B.C.); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante (Mexicali, B.C.); El National Immigration Project (Boston); National Network for Immigrants Rights (Oakland, CA); y el American Friends Service Committee-Immigration Law Enforcement Monitoring Project (Houston) hacemos llegar el presente documento a los responsabiels de las políticas de migración de los gobiernos de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, a fin de que nuestras propuestas sean consideradas en su reunión regional celebrada en la ciudad de Puebla.

México, D.F., 12 de marzo de 1996.