Introducción

Las organizaciones miembros de la Red no Gubernamental para las Migraciones, originarias de Canadá, Centro América, Estados Unidos y México, preocupadas por la situación de la población migrante de la región, manifestamos ante las representaciones de los gobiernos participantes en esta Conferencia lo siguiente:

Vemos con beneplácito la continuidad de las reuniones de consulta de los países y la ampliación del "Grupo Puebla". Es un proceso alentador para el abordaje del tema migratorio de forma transnacional que supera una visión de la migración desde la perspectiva del país emisor o del receptor de migrantes.

Apreciamos el proceso de institucionalización de un espacio de dialogo entre los gobiernos y el foro paralelo de las ONG's en el marco de las Reuniones Vice-Ministeriales, el cual ha sido una experiencia enriquecedora desde su inicio en la III Conferencia Regional sobre Migración. Estamos seguros que seguiremos avanzando en el afianzamiento de estas relaciones.

Reconocemos que el cumplimiento del Plan de Acción de la Conferencia Regional sobre Migración a contribuido a que los gobiernos participantes desarrollen un mejor conocimiento del fenómeno migratorio en sus múltiples impactos. Sin embargo hace falta mucho camino por recorrer pues el fenómeno migratorio es un proceso dinámico en constante evolución.

Convencidos estamos que los aspectos de fenómeno migratorio deben enfocarse desde la perspectiva multidimencional del desarrollo y el potenciamiento de la participación de todos los actores e instituciones implicadas en la búsqueda de soluciones y atención a los migrantes.

CONSIDERAMOS QUE

1. El modelo económico actual es excluyente y se manifiesta en la creciente brecha social provocada por la aplicación de procesos de ajuste estructural que se han constituido en un obstáculo para el desarrollo humano sostenible, trayendo consigo el crecimiento del flujo migratorio y el desarraigo.
2. Los recientes desastres ocasionados por el huracán "Mitch" en algunos países de la región agravaron el problema de la pobreza. Es necesario convertir esta desgracia en una oportunidad para buscar formas alternativas conjuntas (gobierno, sociedad civil, comunidad cooperante internacional), para construir una nueva región, nuevos países en donde nuestros habitantes tengan niveles de calidad de vida acordes con el concepto de dignidad humana y el desarrollo humano sostenible.
3. En este marco, los gobiernos deben reconsiderar el papel de las migraciones en la gestación del desarrollo tanto a los países emisores que se benefician de las remesas, que son base de muchas economías familiares, como los países receptores los cuales se benefician de una gama de aportes culturales, sociales, económicos, y una mano de obra en cuya preparación no han tenido que invertir pero cuya labor suma al desarrollo económico y social del mismo.
4. Las políticas migratorias de algunos países se han establecido desde una perspectiva de "seguridad nacional" o "pública", justificándose en el hecho de que es necesaria la persecución, detención y deportación de los migrantes no autorizados, por prejuiciar que son delincuentes activos o en potencia, violando los derechos fundamentales y la dignidad de estas personas.
5. La criminalización de migrantes indocumentados forma parte de una tendencia peligrosa, injusta y equivocada, que los asocia a prácticas jurídica y moralmente condenables, como lo son el narcotráfico, el contrabando de armas o mercancías y la prostitución, con base en equiparaciones espurias y evidencias limitadas que no permiten la generalización.
6. La actuación generalizada y sin fundamentación jurídica de agentes de diversos cuerpos de autoridad, incluso militares, en el tratamiento de asuntos migratorios constituye un marco favorable para la proliferación de prácticas violatorias de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición jurídica.
7. Algunas iniciativas en materia de legislación migratoria en varios países ejemplifican la tendencia a la criminalización no sólo del fenómeno migratorio, sino también de las labores de protección y asistencia humanitaria. Las cuales se realizan sin ningún consenso previo con la sociedad civil.
8. Se ha incorporado la sanción penal al cruce de fronteras o a la estancia no autorizada de extranjeros y se ha restringido el acceso de los migrantes a instancias de apelación ante la aplicación arbitraria de la legislación mediante reformas legislativas y reservas a la aplicación de los convenios internacionales.
9. En la declaración de la III Conferencia Regional sobre Migración, planteamos nuestras inquietudes sobre la creciente participación de las mujeres en la migración, la cual se expresa en diversas modalidades.
10. Entre los principales problemas de las mujeres en la migración se destacan: el no acceso, tanto en sus lugares de origen como en los de destino, a los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, créditos, tenencia de tierra, entre otros. A la vez, tanto ellas como sus hijos e hijas, enfrentan situaciones de violencia y discriminación laboral, a lo cual se suman situaciones de doble discriminación, como las contenidas en las políticas migratorias que no toman en cuenta las particularidades de las mujeres en tanto personas y su especificidad como mujeres migrantes.
11. A pesar de las diferentes conferencias realizadas y acuerdos tomados, persiste la violación de los derechos fundamentales de la población migrante, principalmente de los sectores más vulnerables como son las mujeres y los niños.
12. Un número significativo y creciente de migrantes se encuentra detenida en los centros de detención y cárceles comunes, en donde no cuentan con las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos y al ser deportados son tratados como criminales peligros.
13. En cuanto a la población en búsqueda de refugio los procedimientos establecidos por los gobiernos para el reconocimiento de su estatus no es efectivo, ni equitativo. Incluso en los casos de desplazamientos significativos se evade la responsabilidad de dar asistencia humanitaria en violación a sus derechos humanos.

POR LO ANTERIOR PROPONEMOS LO SIGUIENTE:

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

1. Exhortamos a todos los gobiernos miembros de la Conferencia a firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990;
2. Que los gobiernos diseñen y apliquen políticas que garanticen la seguridad y el respeto de la integridad física y moral de la población migrante, principalmente de los sectores vulnerables como lo son mujeres, jóvenes, niños y personas de la tercera edad;
3. Que como organismos de la sociedad civil que trabajamos en la problemática de la población migrante, se nos integre en la elaboración y revisión de las políticas migratorias nacionales y regionales;
4. Que las detenciones y deportaciones sean ordenadas, dignas y seguras;
5. Que los operativos orientados a la persecución del denominado "tráfico de indocumentados" se hagan en el marco del pleno respeto y vigencia de los derechos de los migrantes indocumentados;
6. Que se elimine de los discursos y argumentaciones oficiales, así como también se promueva su exclusión de las comunicaciones por medios masivos, la calificación de los migrantes como delincuentes activos o potenciales, en tanto constituye una violación a sus derechos fundamentales, a su dignidad y, específicamente, al ejercicio del derecho de defensa en condiciones de justicia y equidad;
7. Que se promueva y facilite la integración de comisiones entre gobiernos y ONG de cada país para asumir la vigilancia del respeto y cumplimiento de los derechos de la población migrante para promover acciones locales conjuntas, tales como:

• Facilitar a las ONG y organizaciones internacionales que trabajan en la defensa de los migrantes, el acceso a los lugares en los que se recluyen a extranjeros, e igualmente que a los extranjeros detenidos se les faciliten los medios para comunicarse con las instancias antes mencionadas;
• Realizar talleres conjuntos entre ONG y gobiernos que consideren medidas para reducir la violación de los derechos humanos.

EN MATERIA DE POLITICAS Y LEGISLACION MIGRATORIAS:

1. Que se definan claramente -con base en los marcos jurídicos nacionales y los principios establecidos en las convenciones internacionales-las competencias de las instituciones gubernamentales autorizadas para cumplir funciones de control y regulación migratorias.
2. Que se discuta y se defina con precisión el concepto de "traficante de indocumentados" con el propósito de distinguir otro tipo de "conductores", cuya actuación no tiene objetivos de lucro, explotación y abuso de los migrantes, por lo que no pueden ser objeto del mismo tratamiento ni sanciones.
3. Que se eliminen de las legislaciones vigentes y de cualquier iniciativa de reforma legal, las sanciones y penalizaciones prescritas a todas las personas e instituciones que prestan protección y asistencia humanitaria a migrantes indocumentados en la región.

EN MATERIA DE GENERO, MUJER Y MIGRACION:

1. Elaborar un diagnostico sobre las dimensiones y las implicaciones de la participación de la mujer en la migración en los países de la región;
2. Realizar programas de prevención y protección para la mujer migrante que garanticen su seguridad, y el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos;
3. Integrar en las polfticas migratorias elementos que tomen en cuenta la situación particular de las mujeres migrantes y que garanticen el respeto de sus derechos humanos, así como de sus hijos e hijas, y el acceso a los servicios fundamentales en materia de vivienda, salud, alimentación y educación.
4. Incluir en el Seminario sobre Género planteado en el marco del Plan de Acción, los temas relacionados con:

   * Desintegración familiar

   * Derechos humanos

   * Situación de la mujer, niños y jóvenes en la migración

   * Invisibilización de las migraciones femeninas

5. Promover la desagregación de la información y de las estadísticas migratorias distinguiendo por sexo y edad

EN MATERIA DE MIGRACION Y DESARROLLO:

1. La implementación de modelos alternativos de desarrollo comunitario que garanticen la mejora sustancial de la calidad de vida de la población, en los cuales la comunidad sea el centro y el gestor de su propio desarrollo.
2. Realizar estudios de casos de comunidades de origen de migrantes en las que se realizan proyectos de desarrollo local, a cargo tanto de instituciones gubernamentales como de la sociedad civil, con énfasis en: aplicación de la dimensión de género, el uso y canalización de las remesas y demás recursos provenientes de la migración, el tratamiento y consideración de diversos grupos de población, en particular las comunidades indígenas, entre otros.
3. La ampliación del abanico de posibilidades de inversión productiva a nivel local.
4. Que los gobiernos tengan mayores niveles de inversión social con énfasis en educación, servicios de salud, empleo, entre otros, lo cual requiere un cambio significativo en el diseño de las políticas económicas para que el mismo se realice de manera concensuada con la sociedad civil y las comunidades, y se garantice su efectiva aplicación.
5. Diseñar en forma participativa nuevos esquemas de financiamiento que fortalezcan la economía popular e integren a sus beneficiarios como sujetos activos del desarrollo económico y social, en la búsqueda de un balance entre los requerimientos para la producción, la producción misma, los niveles de consumo, la generación de ingreso y la distribución del mismo. Los esquemas de financiamiento debieran incorporar los siguientes criterios:

a) El incremento y diversificación en fuentes de financiamiento con créditos blandos.

b) Criterios mas transparentes para la asignación de recursos.

c) La participación del Estado como un promotor del desarrollo en respaldo de las iniciativas populares.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Consejo Canadiense para Refugiados (CCR) (Canadá)
Heartland Alliance (EUA)
National Immigration Project/ National Lawyers Guild (EUA) AFSC/ILEMP (EUA)
Lutheran Immigration and Refugee Service (EUA)
Immigration and Refugee Service of América (EUA)
Sin Fronteras (México)
Coalición Pro Defensa del Migrante (México)
México-US Advocates Network (Binacional)
ASOCIACION REGIONAL PARA LAS MIGRACIONES FORZADAS ARMIF:
Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE) (Guatemala)
Association of National Development Agencies (ANDA) (Belice.)
Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (ASONOG) (Honduras)
Foro de Migrantes de El Salvador (El Salvador)
Concertación Nacional de Refugiados, Retornados y Desplazados (El Salvador)
Federación de Organísmos no Gubernamentales de Nicaragua (Nicaragua)
Asistencia Legal Alternativa (ALAP) (Panamá)
Coordinación Nacional de ONG's (Costa Rica)